La desaparición de los 43 estudiantes normalistas del poblado de Ayotzinapa, en el estado mexicano de Guerrero, parece haber despertado del letargo a la sociedad mexicana ante un nuevo y gravísimo episodio de desapariciones en el país. La indignación ha sido tal que no ha pasado desapercibida en el resto del mundo y se ha trasformado en acciones a nivel global.
“¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!”, es el clamor que resuena por todo México en las recientes manifestaciones con la esperanza de que esto no solamente el gobierno mexicano realmente investigue y dé con el paradero de los jóvenes estudiantes, sino también que la comunidad internacional condene enérgicamente y presioné al Estado mexicano.
Las actuales movilizaciones de la sociedad han tenido un efecto positivo, lograron atraer los ojos del mundo, por lo que ahora es el momento preciso para que ese reclamo se convierta en un clamor por los cerca de 30 mil o más personas desaparecidas en todo el país, según estimaciones de varias organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y entidades gubernamentales.
Cabe destacar que durante el gobierno del presidente Felipe Calderón (2006-2012), la Comisión Nacional de Derechos Humanos contabilizó 24.800 casos de personas desaparecidas; la Secretaría de Gobernación (Ministerio del Interior), bajo el actual gobierno, dio a conocer que se tienen registradas en ese periodo 26.567, mientras que la oficina de Los Angeles Times en México y la ONG mexicana Propuesta Cívica contabilizaron 20.851 desapariciones, de las cuales 11.201 son hombres y 8.340 mujeres.
Otro tanto hizo Human Rights Watch (HRW) en su informe de 193 páginas publicado el 20 febrero de 2013, titulado: “Los Desparecidos de México: El persistente costo de una crisis ignorada”, donde revela pruebas contundentes “que indican que miembros de todas las fuerzas de seguridad intervinieron en desapariciones forzadas, es decir, el Ejército, la Marina y las policías federales, estatales y municipales” en al menos 149 casos. Asimismo, el informe exhorta al presidente Enrique Peña Nieto a que defina una estrategia para investigar y erradicar las desapariciones.
Ahora es el momento preciso para que el presidente Enrique Peña Nieto tomé en consideración la recomendación de HRW, no sólo para esclarecer el caso que tiene centrada toda nuestra atención, sino de todos los desaparecidos y evitar que más mexicanos corran con la misma suerte. El caso de los estudiantes de Ayotzinapa debe ser el detonante para que en este país termine con la impunidad y se empiece hacer justicia.
Durante la búsqueda de los 43 estudiantes se han hallado al menos 35 fosas comunes, de las cuales, en las primeras 26 se encontraron 28 cuerpos que no corresponden a los de los jóvenes normalistas. Estos hallazgos no deben de sorprender a nadie, pues son de los tantos desaparecidos que las autoridades federales y estatales tienen la obligación de identificar e investigar cómo llegaron ahí y, obviamente, hallar a los culpables.
Hoy México y el mundo se solidarizan con las familias y compañeros de los 43 estudiantes, pero también es momento de voltear a ver a las más de 30.000 familias que por años han enfrentado solos un vía crucis para tratar de dar con el paradero de sus seres queridos, y que además han tenido que sufrir del maltrato e indiferencia de las autoridades.
La sociedad no debe bajar la guardia una vez que Ayotzinapa quede atrás, al contrario debe seguir unida levantando la voz por todos aquellos que se encuentran ausentes y para que no se repita otro caso más. RNW América Latina
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